Ley 22.285: reformas en cuentagotas
Por Francisco D'Andrea y Jesica Rattalino
Especial para Mensuario PNC

La Cámara Baja dio media sanción a la reforma al artículo 45 de la ley 22.285 que impedía el acceso a licencias de radiodifusión a las organizaciones sin fines de lucro. El proyecto elevado al Senado habilita a este tipo de organizaciones abriendo el mercado de la radiodifusión a entidades no comerciales. De esta manera, se subsanaría la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema de Justicia.

Al ser consultado por la Ley de Radiodifusión 22285, dictada durante el último gobierno militar y que 24 años después sigue aun vigente, el actual interventor de COMFER Julio Bárbaro contestó que debía ser modificada en "fetas como el jamón" (1).
Y, justamente, la modalidad elegida por el Poder Legislativo Nacional, antes de avanzar en la elaboración integral de una nueva Ley, ha sido modificar algunos artículos controvertidos en forma sucesiva.
En la sesión de Diputados del martes 9 de noviembre se dio media sanción a la reforma de uno de esos artículos vitales, el 45, que establece quienes son lo que pueden tener acceso a una licencia. El resultado de la votación arrojó 168 votos a favor, 2 en contra y 10 abstenciones.
Actualmente el artículo 45 impide que las entidades sin fines de lucro puedan ser licenciatarias de un servicio de radiodifusión o servicio de cable. Con la modificación elevada al Senado esto será permitido, con lo cual se abre el juego a las mutuales, sindicatos, entidades religiosas y fundamentalmente las cooperativas.
Esto viene a romper con el mercado de las comunicaciones dominado exclusivamente por las empresas privadas con fines de lucro (con el agravante que en la Argentina son muy pocas debido a un fenómeno de concentración de la propiedad de los medios).
En principio las principales beneficiadas con esta modificación son las cooperativas, especialmente las prestatarias de servicios públicos, que por tradición en localidades del interior y fundamentalmente por potencial económico se encuentran ya en condiciones de brindar este servicio (y que en algunos casos actualmente lo dan amparados en la figura de sociedades anónimas creadas para tal fin).
De esta manera la reforma al artículo subsana la inconstitucionalidad declarada al artículo 45 por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2003, la cual emitió dos fallos (2) declarando la inconstitucionalidad del artículo 45 por no encontrar criterios razonables para excluir a las personas jurídicas no comerciales del acceso a la explotación de una licencia de radiodifusión.
Sino que al producirse esta discriminación se atenta contra los artículos 14, 16, 28 y 75 inc. 23 de la Constitución Nacional y el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos que resguardan el derecho a asociarse con fines útiles, derecho a la igualdad, y la prohibición de restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, entre otros.
La nueva versión del artículo 45, exige a las cooperativas que presten servicios público una serie de requisitos "antimonopólicos" tales como: facturación separada, no financiar el servicio licenciado con fondos del servicio público y permitir que los competidores puedan acceder a la infraestructura con la que cuenta la Cooperativa.
Pero en este punto la redacción no es muy clara o exhaustiva ya que primeramente le da la atribución al COMFER de determinar, mediante una "evaluación que contemple el interés del pueblo" (3) , si corresponde adjudicar una licencia a una cooperativa prestataria de servicios públicos.
Tampoco se señala en el artículo quien será el encargado de controlar si la cooperativa incurren en practicas monopólicas, por lo que la ley puede seguir a contramano de la Constitución, tal como advirtió el diputado macrista Federico Pinedo quien considera que lo único que se conseguirá es "demorar el ingreso al mercado de algunas compañías prestadoras de servicios públicos" quienes podrán recurrir a la justicia.
La diputada por Buenos Aires Margarita Stolbizer sostiene que "debe existir la mayor cantidad posible de medios, lo que coadyuvará al pluralismo de las ideas y a que sus emisiones se desarrollen en un marco de plena libertad. Por ello el acceso deberá ser otorgado en base a criterios de idoneidad, experiencia y arraigo, en lugar de criterios de mayor o menor capacidad económica y de condición o formación jurídica. (4) "
En el mismo sentido, el diputado del PJ Osvaldo Nemirovsci señala que la intención con esta reforma no es "restringir o sacar a los que ya prestan servicios de radiodifusión, sino sumar nuevos protagonistas".
Con la propuesta de modificación del artículo 45, Diputados impulsó un tercer cambio a la ley 22.285 en el transcurso del año. Previamente, propuso la derogación del artículo 7 y del inciso a) del artículo 72 que subordinaban la prestación de los servicios de radiodifusión a la doctrina de Seguridad Nacional. También se pretende modificar el artículo 96 y normalizar el COMFER tras 20 años de intervención. A partir de la iniciativa presentada por el Diputado Nacional Miguel Bonasso se establece que el Comité Federal de Radiodifusión será un organismo autárquico con dependencia del Poder Ejecutivo Nacional y su conducción será ejercida por un directorio integrado por un presidente y seis vocales que serán propuestos estos últimos tres por la Cámara de Diputados y tres por la de Senadores.
De esta forma, se eliminaría la presencia de miembros de las fuerzas armadas en el directorio del COMFER, aunque el proyecto no contempla la participación de otros actores como licenciatarios, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los trabajadores de medios y los usuarios.
Sin dudas, estas modificaciones constituirían un avance en la democratización de la comunicación, pero de nada servirán si el Senado no las ratifica. En un principio, la Cámara alta se iba a abocar a esta tarea antes de fin de año, aunque finalmente se postergó la decisión hasta, al menos, marzo próximo.
Es importante destacar, que estas modificaciones no resultan suficientes, y sigue siendo sumamente necesaria la sanción de una nueva ley de Radiodifusión. No sólo porque la actual lleve la firma de Jorge Videla y sus secuaces, con todo lo que eso significa para la democracia, sino además porque el surgimiento de nuevos medios de comunicación, así como los avances en cuanto tecnología hacen que la actual 22285 sea incompetente en varios aspectos tales como televisión y radio de alta definición, servicio de cable y los satélites.
Pero sobre todo es necesaria una ley de radiodifusión que no entienda a la radiodifusión como un simple negocio comercial, sino como un derecho de todos los sectores de la sociedad: derecho a la información, a investigar, a difundir ideas sin censura previa y que por lo tanto debe garantizar el pluralismo informativo y cultural, permitir el acceso y la participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios involucrados.

(1) Publicado en el diario La Nación el 25/09/04
(2) Fallos emitidos a favor de la Mutual Carlos Mujica y de la Cooperativa Santa Rosa Ltda.
(3) Así quedó redactado tras ser sancionado por Diputados
(4) Extracto del discurso realizado en el recinto de sesión el 9/11/04


"La dictadura no es pasado"
Por Mariela Baladron y Magdalena Restovich
Especial para Mensuario PNC


Las contribuciones que los medios hicieron al proceso militar 1976-1983 y lo que recibieron a cambio, así como la falta de una autocrítica corporativa dada por el hecho de que los dueños son los mismos entonces y ahora, fue uno de los principales ejes discutidos en el Seminario "Medios, Comunicación y Dictadura" que se llevó a cabo los días 28 y 29 de octubre pasado en el Centro Cultural San Martín.

El evento, organizado por el Centro de Documentación y Debate Medios, Comunicación y Dictadura, contó con una asistencia de casi 300 personas que colmaron la capacidad de la sala D donde se realizó. Las mesas de debate estuvieron integrados por numerosas personalidades de distintos ámbitos como los periodistas Diego Bonadeo, Carlos Ulanovsky, Martín Caparrós, Lidia Fagale, Raúl Timmerman; el actor Patricio Contreras, el filósofo León Rozitchner, el abogado Ricardo Monner Sanz, el escritor Carlos Cernadas Lamadrid, el ingeniero César Gerbasi, entre otros.
El periodista y escritor Eduardo Anguita, inauguró el seminario citando un nota de Jorge Sábato en la revista Humor de fines de la dictadura titulada "Se van los milicos pero nos dejan el campo minado". De este modo, abrió el que iba a ser el principal eje del debate: pasado-presente. Porque, lejos de ser experimentada como una supervivencia del pasado, la dictadura es un presente activo: "El verdadero museo de la memoria es la Argentina contemporánea" ironizó Martín Caparrós.
Este debate fue avivado por la recurrencia del público en señalar la falta de una autocrítica desde los medios. Del lado de los panelistas se admitió la ausencia de una "crítica corporativa", pero a su vez la respuesta fue unánime: es imposible pedirla porque los dueños de los medios son los mismos entonces y ahora. Y como señaló la periodista Graciela Mochkovsky "El modelo de la relación entre prensa y poder sigue siendo el de esos años".
Por eso se hace evidente que la dictadura expande sus marcas hacia el presente, en todos los ámbitos y particularmente en su relación con los medios. Este fue justamente el objetivo del seminario: lograr un espacio para documentar y debatir la actuación de los medios en ese período, reunir toda la información y darle un marco de mayor investigación. El compromiso para el centro de documentación y debate es recopilar estos testimonios, sistematizarlos, y extraer de ellos la metodología con que operó y opera esa relación que sigue estructurando la democracia argentina.

Censura y trampa
"La censura además de obvia es imbécil" en esos términos se refería Juan Carlos Cernadas Lamadrid a la operatoria de la dictadura: se prohibían escenas de sexo, infidelidades, suicidios. Pero "no entendían la metáfora. Tomábamos metafóricamente los conflictos y hablábamos de ello".
Las formas iban desde la censura previa lisa y llana, como la lectura de originales, a la conformación de "listas negras" de periodistas y de artistas: "la Chacarera del Expediente del Cuchi Leguizamón, prácticamente todo lo de Charly García, Gardel con guitarras porque afeaban y eran antimusicales, Les Luthiers por mistificadores de la música, María Elena Walsh, Mercedes Sosa, etc" recordaba Bonadeo. Una anécdota referida a la censura de determinados artistas, que durante el seminario fue relatada por más de un participante, fue la visita de Joan Manuel Serrat en el ´82, durante la cual en ATC corría una circular que prohibía hacer mención de su visita, a pesar de lo cual, hizo varios Luna Park a lleno total.
Pero para evitar la censura, así como Cernadas Lamadrid recurría a la metáfora, los periodistas hablan de trampas, de formas de esquivarle: se habló de esconder comunicados, tirar originales, hacer trampa con los títulos o cosas dichas entre líneas en las secciones de deportes o en algunas ocasiones en La Opinión, el Herald y especialmente en la revista Humor.
La metodología de la resistencia posible del periodista que seguía trabajando en esos años era: "No podíamos escribir lo que queríamos pero tampoco escribíamos lo que no queríamos, no escribíamos a favor", sintetizó Juan José "Nene" Panno.
También se hizo referencia al circuito de medios alternativos y clandestinos a través de los cuales se difundían datos e informaciones que en los grandes medios no se podía, como Cadena de Noticias y ANCLA, la agencia de noticias Clandestinas fundada por Rodolfo Walsh. Y el recuerdo de los periodistas desaparecidos fue ineludible: Lidia Fagale afirmó que recordarlos como "héroes solitarios" es un "romanticismo inofensivo, pero son hombres y mujeres que creyeron en la lucha organizada". En el mismo sentido para Caparrós recordar su lucha como "la época del horror, es volver a desaparecerlos, es recordarlos como objetos de las decisiones de sus victimarios"

Colaboracionismo
El legado de la dictadura fue claramente descrito de una u otra manera en cada una de las mesas: es el modelo económico que implantaron a través del terror. Y para ello los medios fueron herramientas. Este fue otro ítem de la relación medios-dictadura subrayado en los debates: las contribuciones que los medios hicieron al proceso y lo que recibieron a cambio. Ejemplos sobran. Se recordaron casos como los de la editorial Atlántida en el Gráfico, Para Ti y Gente, abiertamente pro-dictadura. Se habló de la funcionalidad de los medios, de los militarismos adoptados, y de las reuniones entre propietarios de medios y FFAA: "los diarios tres meses antes del golpe entraron en cadena y esa cadena duró por lo menos un año", recordó Timmerman, quien también señaló como un icono del colaboracionismo la constitución de Papel Prensa: "A los medios gráficos el proceso los expropió y con el resto los compraron ¿y saben cómo? Entregándoles Papel Prensa… Los dueños de las acciones eran los Graiver... hay una reunión en el diario La Nación, donde queda actuado que tenían que vender sus acciones. Estaban presentes Máximo Gainza Paz por La Prensa, Héctor Magneto por Clarín, Luis Mitre por la Nación, y Patricio Peralta Ramos por La Razón, el único ingenuo fue Máximo Gainza que pensó que había que pagar por esas acciones… El resultado fue que Clarín, La Nación y La Razón se quedaron con Papel Prensa. Nunca se pagó."
En palabras de Monner Sanz: "entre la libertad de expresión y la ganancia empresaria, siempre está adelante la ganancia".
Otro ejemplo, aunque poco citado durante el seminario, es la actual ley de radiodifusión. Quien puso el tema en escena fue Cesar Gerbasi: "La TV argentina es una estructura ordenada por la dictadura. La 22285 es la ley de TV de la dictadura, es una supervivencia que aún no ha podido ser atacada" en ese sentido dijo "la dictadura no es pasado".


Prisa adquiere 100% del capital social de Radio Continental y FM Hit
Fecha: 23/11/2004
Fuente: Radio Caracol


El Grupo de comunicación español Prisa adquirió el 100 por ciento del capital social de Radio Continental y de FM Hit, sociedades operadoras de radio en Argentina y hasta ahora propiedad de Telefónica.
El contrato para la adquisición, valorada en 10,5 millones de dólares, fue suscrito por Grupo Latino de Radio (GLR) y Corporación Argentina de Radiodifusión, filiales del Grupo Prisa.
La compra fue comunicada por el grupo de comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuyas normas establecen que "la ejecución de la transacción está sujeta a la autorización administrativa por parte de las autoridades argentinas".
El pasado día 17, Prisa comunicó a la CNMV que había alcanzado un principio de acuerdo para la adquisición de dichas emisoras argentinas.
Radio Continental emite en onda media y en frecuencia modulada desde Buenos Aires y Mar del Plata y tiene acuerdos de programación con más de 50 emisoras.


EE.UU. pide reglas para invertir más
Fecha: 24/11/2004
Fuente: La Nación

Las empresas norteamericanas tienen interés en invertir en la Argentina, pero demandan reglas de juego claras y un buen clima de negocios. Ese fue el mensaje que dejó ayer en su visita relámpago William Lash, secretario adjunto de Comercio de Estados Unidos para políticas de acceso a mercado y ejecución de acuerdos.
En su segunda salida al exterior después de la reelección del presidente norteamericano, George W. Bush, Lash decidió venir sólo a la Argentina para pedir más seguridad jurídica y hablar de inversiones de su país en telecomunicaciones, alta tecnología y gas natural. Primero se reunió con el ministro de Planificación, Julio De Vido, y con el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, a los que Lash, en su segundo paso por el país, calificó de "amigos".
"Hablamos de la importancia de promover oportunidades en alta tecnología, gas natural licuado (GNL, que se puede exportar por barco) y otros sectores", explicó Lash a la prensa. El subsecretario invitó a De Vido y a Moreno a ir a los Estados Unidos para contactarlos con posibles inversores en las nuevas tecnologías.
Lash almorzó con el interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Julio Bárbaro, diputados y senadores y conversaron sobre "reformas económicas, la legislación de telecomunicaciones y el compromiso de recibir inversión extranjera directa". Acordaron formar un equipo de trabajo para evaluar el futuro de las telecomunicaciones, presumiblemente sobre lo referido a la TV satelital.


Cablevisión: COMFER rechaza la reestructuración
Fecha: 10/11/04
Fuente: Infobae

El Comité Federal de Radiodifusión enumeró una serie de omisiones al Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) presentado por la operadora de cable.
¿La razón? Fue aprobada por accionistas y directores no legitimados por el organismo y violaría una ley que impide a inversores extranjeros quedarse con la mayoría de una empresa de medios de comunicación.
El documento firmado por Julio Bárbaro sostiene que, de concretarse la oferta pública de entrega a los acreedores de acciones ordinarias clase "B" y de ON convertibles, se estaría incumpliendo la ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, porque gran cantidad de acciones quedarían bajo inversores extranjeros.
La tarea del COMFER se inició tras una notificación del juez Claudio Bonadío que le prohibe convalidar transferencias accionarias hasta que se finalice una investigación para determinar si la firma violó las leyes 22.2785 de Radiodifusión, 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Ilícito y 25.750 de preservación de Bienes y Patrimonios Culturales.
Bárbaro también invalidó cambios de directores y accionistas, por no tener la autorización del COMFER, y calificó de nulas las decisiones adoptadas por los involucrados en las asambleas.


Reclamos por la definición de un marco regulatorio para la TV paga
Fecha: Noviembre 2004
Fuente: R&TA

Los representantes del sector expusieron sus quejas sobre el ingreso de las empresas de servicios públicos al cable y el "alarmante número de conexiones ilegales", que ya suman un millón en todo el país.
"La posibilidad de dar entrada a empresas de servicios públicos, y en especial a cooperativas, no sólo afectará la dinámica empresaria del sector por razones de competencia desleal sino también la calidad de los contenidos. Se trata de nuevos representantes con actitud monopólica o subsidiada, ajenos a la industria cultural y que sólo buscan agregar ingresos a sus rentas millonarias". Con estas palabras pronunciadas durante el discurso de apertura de las Jornadas 2004, el presidente de ATVC, Walter Burzaco, se refirió a la posibilidad de ingreso de nuevos actores al mercado, algo previsto en la reciente modificación del artículo 45 de la ley de Radiodifusión, aprobado por Diputados el 10 de noviembre por la noche, poco después del cierre de la muestra.
Otro de los problemas que preocupa a la industria son los altos niveles de clandestinidad, lo que representa una perdida de ingresos para el sector de 600 millones de pesos anuales, y de 120 millones para el Estado.
Además de la ilegalidad que afecta a la industria, con una suma estimada de 1 millón de "colgados", el cable recibió algunas quejas acerca de la publicidad presente en su pantalla. En relación a esto, el presidente de Cadissa, Hugo Canessa, indicó que "la TV de aire y las radios que están haciendo un fenomenal lobby ante autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo pidiendo que se suprima o se limite la publicidad en las señales satelitales, creyendo que de esa manera se van a beneficiar con el aporte de los anunciantes. Esto es falso porque el anunciante elige su medio para llegar al público".
Y agregó: "Si se suprimen las publicidades las señales van a ser muy caras y por lo tanto inaccesibles para muchas personas. Debido a estos reclamos, Canessa anunció la intención de crear una cámara pan regional para unificar las necesidades en un solo criterio.


Mas de mil llamadas por la TV a "El Comfer en sintonía"
Fecha: 03/12/04
Fuente: Télam

A quince días de la puesta en marcha de la campaña "El Comfer en sintonía" a través de una línea telefónica gratuita, el Comité Federal de Radiodifusión recibió más de mil llamadas referidas a la televisión abierta y un 89 por ciento tuvieron que ver con los contenidos que se aprecian a través de la pantalla chica.
De acuerdo al reporte al que tuvo acceso Télam, el porcentaje de reclamos por contenidos los lidera Canal 13 (con 46), seguido por América y Canal 9 (ambos con el 17), Telefé ostenta un 16 y el estatal Canal 7 cierra la lista con un 4.
Aunque el informe no detalla el tenor de esos reclamos volcados a través de la línea gratuita 0810-222-6633, el Comfer indicó que el ciclo que generó mayor cantidad de llamados fue "Floricienta" (Canal 13) que generó un 44 por ciento de las requisitorias.
El listado de programas que motivaron la reacción de los televidentes, con sus respectivos porcentajes, fueron "Telenoche" (Canal 13, con 18), "No hay 2 sin 3" (Canal 9, con 15), "El diario de la tarde" (América, con 12) y "Videomatch" (Telefé, con 11).
Al hacer un primer análisis de esos guarismos, Gerardo Sassone, director del área de atención y control del organismo, afirmó que los televidentes objetaron en relación a "Floricienta", el shock que causó la muerte del protagonista de la novela.
En relación a "Telenoche", el funcionario explicó que "el problema fundamental es el tema de la violencia y eso se aprecia, mayoritariamente, en la temática que exhiben los noticieros".
Más evidentes, en tanto, fueron las demandas relacionadas con los humorísticos "No hay 2 sin 3" y "Videomatch" y el periodístico "El diario de la tarde". "en los tres casos -comentó Sassone- se trató de recurrentes violaciones a la ley de protección al menor, rubro específico en el que se registraron 427 reclamos".


Acceso a Internet: impiden a Telecom limitar la tarifa plana
Fecha: 21/11/04
Fuente: Clarín

Telecom no podrá aplicar los cambios de velocidad de acceso a Internet, que anuncia desde hace un mes. Ayer, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor decidió aplicar una "medida cautelar" congelando cualquier modificación al servicio que hoy presta su controlada Arnet. Este tipo de acciones se adoptan "para evitar un daño irreparable al afectado".
La decisión de la dependencia que conduce Patricia Vaca Narvaja es idéntica a la que adoptó ayer el Gobierno porteño, a través de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor. "Para nosotros es un caso de posible publicidad engañosa y modificación unilateral del contrato", le dijo a Clarín Miguel Fortuna, director de Defensa del Consumidor del gobierno porteño.
Basándose en la ley 24.240 de "lealtad comercial" se le ordenó a Telecom que "deberá abstenerse de continuar brindando información respecto de la prestación del servicio prestado y/o emitir anuncios publicitarios de cualquier tipo, así como de introducir los anunciados cambios (aplicación de un determinado volumen de tráfico medido en gigabytes a cada usuario) respecto de todos los consumidores con contratos vigentes, previo suministro de información adecuada, veraz y suficiente".
en Telecom admitieron que además de suspender la campaña publicitaria, aprovecharán los 10 días hábiles de vigencia de esta medida cautelar para recabar toda la información técnica que justifica los cambios.
Lo que no tienen claro aún es si darán o no marcha atrás con el cronograma de duplicación de la velocidad, que debería arrancar el 1º de diciembre —sin cambios en el costo del servicio, al menos hasta que rija la medición de tráfico el 1º de junio— según se les informó a los clientes.
Las defensorías del consumidor reaccionaron así ante la masiva queja de los usuarios de Arnet, que se enteraron que tras la duplicación de la velocidad se impondría una limitación al uso de la banda ancha (sistema conocido como ADSL). El plan de Arnet es mantener la actual tarifa pero aplicar un adicional si el usuario excedía el límite de tráfico de datos bajados de la red. Para los usuarios residenciales, ese techo era de 4 gigabytes.
Los usuarios no sólo cuestionaron que el límite era excesivamente bajo, sino lisa y llanamente la imposición de un límite, cuando el servicio, en su origen, se contrató para uso irrestricto.
La movida de Telecom afecta no sólo a los abonados de Arnet, sino a todos los usuarios de ADSL que reciban el acceso a la Red a través de una línea telefónica de esa empresa, ya sean clientes de Ciudad, UOL, Sion, o cualquier otro proveedor.


El Estado impulsa la creación de una tercera compañía nacional
Fecha: Noviembre de 2004
Fuente: R&TA

El Poder Ejecutivo impulsa la creación de una tercera operadora telefónica nacional, que sea parte de un mercado completamente desregulado.
"Muchachos, si ustedes no se juntan no van a poder ser competitivos nunca", fueron las palabras con que el secretario de Comunicaciones, Guillermo Moreno, sumó las voluntades de los representantes de las cooperativas telefónicas del país para que avancen en la conformación de una tercera operadora telefónica que compita con Telefónica y Telecom.
"El Estado los va a acompañar, pero no somos estatistas, no vamos a participar", aclaró Moreno, que precisó que el Gobierno ve con buenos ojos una compañía nacional en este mercado.
Los detalles se discutieron en una reunión en la Secretaría de Comunicaciones, en la que participaron el secretario Moreno, Juan Carlos Fissore, presidente de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones (FECOTEL) ), Antonio Roncoroni máxima autoridad de la Federación de Empresas Campesinas Asociativas del Sur (FECOSUR) y Marcos Citrynblum, responsable de TelViso, entre otros.
La inversión necesaria, según números preliminares, es de 100 millones de dólares y estaría operativa en el año 2007.
El proyecto inicial de las asociaciones sin fines de lucro define que cada entidad tendrá libertad de acción en cuanto a la elección de proveedores en su zona y que deberá aportar el monto necesario para concretarla en su área de operaciones.
A nivel nacional se conformará una sociedad madre, que va a estar abierta a otros operadores privados, como podrían ser los fabricantes de equipos.
En la nueva entidad también podrían asociarse fabricantes nacionales de equipos, según informó La Nación. Los cooperativistas están en conversaciones con la empresa china Huawei, que viene ganando mercado como proveedor en la región, ya que sus equipos son sensiblemente más baratos.
Además, se comprometieron con Moreno a entregarle en dos semanas el proyecto con la nueva figura jurídica con la cual se constituirá la nueva firma.
Las entidades buscan conformar la empresa en los próximos seis meses, con la expectativa de captar el 10% del mercado celular y el 5% de la telefonía fija.
Actualmente existen 350 cooperativas telefónicas que suman 600 mil socios - clientes de telefonía básica. Los servicios se complementarían con una licencia para dar telefonía celular, luego que la Comisión de Defensa de la Competencia analice el pedido de fusión entre Unifón y Movicom. Pues de resultar aprobada esta nueva empresa, debería devolver al Estado 40 megahertz del espectro radioeléctrico, ya que por ley el límite es de 50 megahertz y esta pasaría a tener 90, producto de la fusión.
El proyecto incluye también la figura del operador móvil virtual (MNVO, por su sigla en inglés), es decir, la posibilidad de revender minutos de los operadores de las otras redes celulares.
El grupo ya anticipó que la tecnología elegida para operar es la GSM, utilizada por todas las celulares, con excepción de Movicom, que trabaja con CDMA.
Las cooperativas quieren que estas aprobaciones se concreten en noviembre, con el objetivo de iniciar efectivamente las operaciones en el primer trimestre del 2005.
Si estos plazos se cumplen, los siguientes pasos serán convocar a las cooperativas a capitalizar de manera simbólica la nueva sociedad. Y, acto seguido, llamar a concurso para la provisión de las terminales.
La francesa Alcatel y la china ZTE son dos de las fabricantes contactadas para cubrir esta necesidad. La figura del operador móvil virtual surgió tras la desregulación del mercado de las telecomunicaciones. Aunque existe un puñado de empresas para operar bajo esta figura, como Millicom, ninguna de ellas ha explotado esta capacidad.
Moreno también les planteó -y las cooperativas prometieron estudiarlo- integrar la nueva sociedad que brindará servicios satelitales: Arsat, empresa en la que el Estado tendrá un 5 por ciento.

 



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